Por Omar Garfias
@Omargarfias
Las empresas que cierran no lo hacen por errores de gerencia. Las empresas cierran, en esta crisis de seguridad, porque el gobierno no cumple con su responsabilidad de garantizar la seguridad pública.
Pierden ventas, de forma temporal o parcial, no por ofrecer un producto o servicio de menor calidad que antes, sino porque las instituciones de seguridad pública no evitan la violencia en calles y carreteras, y eso aleja a sus proveedores y clientes.
La presidente del Colegio de Economistas estima la pérdida de entre 25 mil y 30 mil empleos como impacto de la inseguridad que vivimos.
Don Martín, 59 años: “Desde que empezó esta bronca, hemos tenido que apretarnos el cinturón. Ya no compramos el pan de la cena. Solo trabaja mi nuera. Yo era afanador en un hotelito y me descansaron. Mi mujer vende comida, pero no le están comprando. Tenemos dos nietos. Mi hijo murió hace tres años. No tenemos ahorros, se nos fueron en su enfermedad. Mi nuera le rogó a su patrona que no la corra. Es una pastelería. Le lloró. Cuando no venden se salen a vender casa por casa. Quedaron en un número mínimo de pasteles vendidos para no cerrar. El día que me descansaron, el hotel estaba vacío; fue un miércoles y por la noche me dijeron. Me regresé caminando, muy agüitado. No quise gastar en el camión. No vamos a tener para pagar la luz y el agua. Hay que pagar el día 30 y ya estamos a 24. Me tocaba peluquería el viernes, pues tampoco va a haber”.
Las empresas deberán cumplir con la ley al prescindir de los servicios de los trabajadores, pero eso no resuelve el problema de miles de familias que se quedan sin fuente de ingresos.
Es imprescindible que exista un programa emergente de apoyo alimentario a las familias de los trabajadores que han perdido su empleo.
Pierden su trabajo, parcial o definitivamente, no por falta de esfuerzo o capacitación.
Pierden su trabajo porque el gobierno no cumple su responsabilidad de garantizar la seguridad pública.
Las consecuencias de una alimentación deficiente serán graves para el desarrollo de los niños.
Muchos ciudadanos están haciendo cooperaciones y donaciones para los damnificados de esta emergencia económica.
El gobierno tiene una responsabilidad social que no está cumpliendo; ahora debe ayudar al necesitado.
Ya está retrasado el programa social estatal alimentario, diseñado para responder a los problemas específicos de Sinaloa, y dejar sólo de replicar lo que deciden en el centro, en la Ciudad de México.
También es urgente recuperar los empleos perdidos.
La Dra. Ibarra calcula en 18 mil millones de pesos las posibles pérdidas.
Luego de mucha insistencia de los empresarios, luego de cincuenta días, el gobierno del estado accedió a pausar el cobro de impuestos estatales en septiembre y octubre, y anunció préstamos con intereses, pero en 200 solicitantes ya se fue la mitad de la bolsa general, por lo que se puede inferir que en otros 200 se acaba el apoyo total.
Son dos medidas insuficientes, de un monto intrascendente, y que dejan sin resolver muchos aspectos del problema.
Es imprescindible un plan que integre diferentes soluciones a las distintas problemáticas de la amplia variedad de negocios afectados.
Un plan que rehabilite la planta productiva y de servicios; compense las pérdidas que se tuvieron y, además, relance ambiciosamente la economía del estado, potencie una salida hacia arriba, un salto hacia adelante.
Urge un plan de resiliencia económica.
Detonar la capacidad de la economía sinaloense de resistir un shock y de salir fortalecida de ello, con más capacidad de generar riqueza que antes.
Bosquejo cinco líneas de trabajo.
Una estrategia de seguridad para carreteras y vías centrales que unen a los centros de habitación con las zonas comerciales e industriales, que incluya, entre muchas otras cosas, botones de emergencia gratuitos, por dar un ejemplo de cosas concretas que debe contener.
Un programa de apoyos fiscales, financieros, sociales, de infraestructura, de acompañamiento empresarial, de promoción de imagen, que alivien y restañen los daños que está causando la crisis de seguridad, que incluya la condonación de impuestos federales.
Un programa de conformación de instituciones y legislación del mayor nivel mundial para la atención a emergencias como los culiacanazos y para la promoción del desarrollo económico.
Una estrategia de formación de cuerpos policiacos profesionales y fiscalías capaces de prevenir el delito, garantizar el orden público, reaccionar, investigar y castigar a la delincuencia para abatir la impunidad, que incluya que los presupuestos estatales para seguridad dejen de ser los más bajos del país y pasen a estar entre los tres mayores per cápita el próximo año.
Un gran diálogo estatal que conforme una visión de largo plazo, un proyecto unificador de esfuerzos, una misión sinaloense hacia la generación de riqueza de manera compartida y boyante, para volver a tener la admiración mundial.
Negar los problemas, abandonar a los damnificados, sólo abona a reiniciar el ciclo Culiacanazo-pax narca-Culiacanazo.
La paz se construye sobre los ejes de seguridad pública y el relanzamiento de la economía legal incluyente. De otra manera no es paz, es sólo maquillaje, y del barato.
El gobierno debe cumplir sus responsabilidades.
*Artículo publicado el 27 de octubre de 2024 en la edición 1135 del semanario Ríodoce.
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