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+ En el estado de Sonora, México, se construye la mayor planta de energía solar de América Latina
+ Es el mayor esfuerzo en energía renovable, pero
se desconoce cuál será el impacto ambiental
Por Patricia Ramírez
A finales de un sexenio de proyectos energéticos enfocados en los combustibles fósiles surgió un megaproyecto de energía renovable en México. El Plan Sonora, que se desarrolla en el estado de Sonora, al noroeste del país, busca incrementar la generación de energía eléctrica mediante la construcción de un parque solar –operado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– y la explotación minera de litio.
El proyecto fue anunciado oficialmente en febrero de 2023 por el gobernador Alfonso Durazo Montaño en un evento con más de 130 diplomáticos de países como los Estados Unidos, Canadá, Rusia, Ucrania, Francia y Japón. Y la promoción llegó hasta la Conferencia de las Partes (COP) 28 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en noviembre de ese año.
El Plan Sonora incluye la construcción de infraestructura para seis parques científicos, la modernización del puerto de Guaymas y de seis puntos fronterizos, entre otras acciones complementarias. La inversión total será de 7 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales.
Sin embargo, han surgido críticas e inquietudes por parte de especialistas en energía por las medidas adoptadas respecto al impacto ambiental y social que puede tener un megaproyecto como este, así como por los obstáculos para distribuir la energía producida.
“Lo positivo es que este proyecto escapa de la política energética que favorece a las fuentes fósiles. Lo negativo es, probablemente, que desde mi punto de vista estaría llegando tarde. Creo que la administración tardó en desarrollar y construir proyectos que contemplen tecnologías renovables”, señala Arturo Carranza, analista energético y director de proyectos de energía en AKZA Advisors.
La planta solar más grande de América Latina
En el desierto sonorense se construye la obra magna del Plan Sonora: la planta fotovoltaica del municipio de Puerto Peñasco. Una propiedad de la CFE promocionada como el parque solar más grande de América Latina, cuya construcción se divide en dos fases. La primera fue inaugurada en febrero del año pasado, cuando se anunció el plan en su totalidad, con una capacidad de 120 megawatts, mientras la segunda sigue en proceso y tendrá una capacidad de 320 megawatts. La generación estimada traería beneficios a 1.6 millones de personas, lo que representa abastecer 536 mil hogares, según cifras de la CFE.
“Este proyecto tiene aristas positivas y otras discutibles pero, en todo caso, lo que no está a discusión es que representa un parteaguas de lo que esta administración ha hecho para adicionar megas al sistema eléctrico nacional y, en función de eso, creo que es relevante”, explica Carranza.
Los principales desafíos de un megaproyecto como este son ambientales, de acuerdo con el analista energético. “Empezaría por reconocer que cualquier proyecto energético tiene un impacto ambiental y que es responsabilidad de las autoridades hacer cumplir las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y supervisar que las empresas encargadas de desarrollar y construir los proyectos las cumplan cabalmente”.
Las MIA son estudios técnico-científicos presentados por las empresas responsables de los proyectos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En ellas se indican los lineamientos de las obras, el tipo de impactos que pueden ocasionar y las medidas de reparación propuestas.
En el caso de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, se trata de una construcción que abarca más de 2 mil hectáreas. La MIA presentada por la CFE en octubre de 2021 se clasificó como “Trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal. Modalidad B. Sin riesgo”. El motivo de la clasificación es el desmonte de vegetación al empezar las obras, para el cual se proponen medidas como reubicación de flora y fauna y programas de reforestación, sin especificaciones concretas sobre la implementación o la cantidad.
“Sí hay un impacto en los suelos. ¿Qué tipo de suelo es? ¿Qué tipo de fauna? ¿Cómo altera a las comunidades que hay ahí? Yo creo que toda actividad energética debe tener sus evaluaciones de impacto ambiental y de impacto social”, puntualiza Manuel Martínez Fernández, investigador del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Respecto a los impactos sociales, en la MIA se menciona que, si bien el predio pertenece a la CFE, tiene colindancia con comunidades de los ejidos Estero La Pinta y Estero Aquiles Serdán, pero a los especialistas les inquieta que no haya existido un proceso de consulta ciudadana.
“¿Qué se debería haber hecho? Desde antes, hablar con las comunidades y preguntarles cuáles son realmente sus necesidades y sus capacidades para el desarrollo comunitario, y también ver qué tipo de fauna y flora hay y cómo se va a modificar. No porque sea el desierto de Sonora, ya no hay que hacerlo. Tampoco porque haya pequeñas comunidades, no hay que tomarlas en cuenta”, agregó Martínez.
Para esta publicación se contactó a la CFE para conocer qué ocurrió con el proceso de consulta, pero a la fecha del cierre de esta edición no ha habido respuesta.
La extracción del oro blanco
En México, la explotación de litio es un tema reciente. Durante los últimos años, el mineral ha adquirido importancia para la transición energética por su papel en la fabricación de baterías, que van desde las que se utilizan en redes eléctricas hasta las de los automóviles eléctricos.
En febrero de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a Bacadéhuachi, Sonora, para firmar el decreto para nacionalizar el litio. De esa manera, se clasificó al mineral como propiedad de la nación para su exploración y explotación. En la ocasión, el presidente fue objeto de críticas.
Meses más tarde, Alejandro Armenta, presidente del Senado, informó que existen 18 estados en México donde se concentra la mayor parte de los yacimientos de litio. Sonora está a la cabeza con 13. A este anuncio se sumó la creación de “Litio para México”, un organismo descentralizado para verificar posibles reservas y regular la inversión. Finalmente, la extracción del litio conformó uno de los pilares del Plan Sonora.
“Creo que fue un anuncio al que no se ha dado el suficiente seguimiento por parte de las autoridades en términos de la inversión necesaria para aprovechar una coyuntura muy específica, que tiene que ver con la utilización de litio como materia prima para producir, por ejemplo, baterías para autos eléctricos. Creo, en todo caso, que México sí tiene potencial, pero el modelo que sigue de reservarlo al Estado mexicano va a hacer más lenta la posibilidad de aprovecharlo para los fines comentados”, señala Carranza.
Aunque no existe aún un plan detallado de cómo será la extracción de litio en el país, debe tenerse en cuenta los impactos documentados en relación con la actividad, como la salinización de humedales, contaminación de reservas de agua dulce y alteración de los sistemas lacustres, entre otros vinculados principalmente con el suelo y agua.
Un Silicon Valley en Sonora
El término “Silicon Valley” se popularizó en los años 70 para referirse a la sede de las entonces compañías emergentes de tecnología, en la bahía de San Francisco, California. Actualmente, el nombre se ha convertido en referencia para las regiones que concentran industrias tecnológicas. El Plan Sonora no ha sido la excepción, a nivel mediático.
En parte se debe a que, más allá de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco y la extracción de litio, también se planteó el desarrollo de parques científicos. El objetivo es tener centros diseñados para garantizar la disponibilidad de la infraestructura que requiera la industria en el desarrollo del plan.
A ello se suman los trabajos agrupados en “Puerta Logística Noroeste”, una parte de la inversión destinada a la modernización del Puerto de Guaymas; la integración de los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón; la modernización de seis puntos fronterizos; el libramiento de las vías del ferrocarril en Nogales, y la modernización del punto de revisión en Querobabi.
Asimismo, se estableció un Comité de Investigadores Sonorenses, integrado por expertos de la Universidad de Sonora, la Universidad de Texas, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional, entre otros, para desarrollar contenidos de los que surjan nuevas carreras relacionadas con semiconductores y el aprovechamiento del litio.
El gobierno de Sonora se ha encargado de promover todas estas acciones en giras por países de Europa, así como en los Estados Unidos y Taiwán. Mientras tanto, en el panorama nacional, la falta de detalles sobre el desglose de cada línea de trabajo genera incertidumbre sobre el cumplimiento de normativas ambientales.
“Más allá de la relevancia económica del proyecto, será importante trabajar para minimizar su impacto ambiental. Gran parte de los componentes del plan enfrentan requisitos exigentes en la legislación mexicana, además de que el gobierno sonorense prevé varios efectos indirectos que también deben lidiar con una normatividad que, por suerte, es muy exigente”, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) en un comunicado titulado “El Plan Sonora mexicano: un desafío para el derecho ambiental”.
La promesa de las energías renovables en México
El Plan Sonora destaca como la bandera de las energías renovables en un sexenio que ha priorizado su inversión en empresas nacionales como Petróleos Mexicanos y megaproyectos como la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. “Los permisos de generación de energía que se han otorgado (en esta administración) son principalmente para la Comisión Federal de Electricidad y ésta en su portafolio de generación depende principalmente de las fuentes fósiles”, explica Carranza.
A pesar de las advertencias por el cambio climático y los foros internacionales para tomar medidas, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en México se han mantenido, por lo que el gobierno federal insiste en que la planta fotovoltaica en Puerto Peñasco evitará la emisión de hasta 1.4 millones de toneladas de CO2, equivalentes a frenar las emisiones contaminantes de 270 mil vehículos.
Una de las principales dudas es si este proyecto será suficiente para mantener la dirección del próximo sexenio hacia las energías renovables, si se considera que el incremento de generadores de energías renovables crea un estrés en las redes del sistema eléctrico nacional. “Hay una necesidad muy clara de modernizar y fortalecer las redes de transmisión y distribución”, agrega Carranza.
Por su parte, Martínez resalta que si se realizan acciones importantes, para 2050 se cubriría hasta el 80 por ciento de la demanda de electricidad con energías renovables, pero todo dependerá de las decisiones que se adopten.
“Si no se les impulsa, (las energías renovables) seguirán con un orden del 20 ó 25 por ciento en el mediano y largo plazo; si se les impulsa, podría llegar a 55 por ciento, y si realmente México quiere ser líder en este campo, puede llegar hasta 80 por ciento”, concluye Martínez.
Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina
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