México, ¿el más democrático?

TEMAS CENTRALES

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

Tres mil 422 candidatos registrados

tienen 60 días para promocionarse

en busca del voto de un electorado

muy distante del tema de la elección,

que no entiende qué es el Poder Judicial

ni cuál es la función de la Suprema Corte.

Como planeado con una perversa intención, justo al conmemorarse el 200 aniversario de la instauración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), otrora una de las instituciones más antiguas e importantes del Estado mexicano, será borrada de la historia, junto con el actual Poder Judicial de la Federación.

En septiembre de 2024, la bancada morenista en el Congreso de la Unión aprobó, al vapor y en tiempo récord, la reforma judicial propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que demolió al Poder Judicial en su totalidad para sustituirlo por una nueva estructura, elegida ahora por el voto del “pueblo bueno y sabio”.

El argumento oficial refiere que con esta reforma la justicia será más democrática y acabará con la corrupción que, según Morena, caracterizaba a ese Poder. Una grave imputación que nunca se preocupó en probar.

Recordamos que antes de la reforma judicial de la 4T, el Pleno de la Corte se integraba por 11 ministros, con una permanencia en el cargo de 15 años, elegidos a propuesta de una terna del Ejecutivo, por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes.

Como requisitos se establecían una edad mínima de 35 años; poseer el día de la designación el título profesional de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de diez años.

Se mencionaba, además, que los nombramientos de los ministros deberían recaer preferentemente en aquellas personas que “hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

Ahora el Pleno de la Corte lo integrarán nueve ministros, elegidos por voto popular para un período de 12 años. Algunos requisitos se modificaron. La nueva Constitución no establece una edad mínima para ser ministro ni una antigüedad de diez años de haberse expedido el título profesional.

Establece, en cambio, el requisito de haber obtenido “un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y una práctica profesional de cuando menos cinco años de ejercicio de la actividad jurídica”. El requisito de experiencia en la impartición de justicia se suprimió.

Después de una accidentada y precipitada etapa para determinar las condiciones de un inédito proceso de elección popular de ministros, magistrados y jueces de distrito, entre otros, el pasado 30 de marzo inició el período de campaña de los aspirantes a ocupar uno de los 881 cargos de los órganos del Poder Judicial.

Tres mil 422 candidatos registrados tienen 60 días para promocionarse en busca del voto de un electorado muy distante del tema de la elección, que no entiende qué es el Poder Judicial ni cuál es la función de la SCJN.

La jornada electoral será el primero de junio, con un pronóstico reservado en cuanto a la participación ciudadana por lo complejo de una elección con tantos puestos en juego y un gran número de candidatos que los electores no conocen ni podrán identificar.

Para salvar la improvisación que representaba una ocurrencia elevada a reforma constitucional, se encomendó a la institución especializada en procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE), aplicar su experiencia y echar a andar un proceso para elegir candidatos que sólo pueden ofrecer un compromiso con la justicia, el respeto del Derecho y la aplicación de la ley sin colores partidistas ni consignas políticas.

El principio de que la ley es la ley, sobre cualquier otro interés particular, debería ser la motivación de su encargo, algo que en tiempos de la 4T se considera incómodo, molesto e inaceptable.

Las campañas proselitistas de los aspirantes difícilmente alcanzarán sus objetivos. Las limitaciones impuestas complican la comunicación con los electores y plantean inequidad entre los participantes. No podrán realizar mítines o eventos masivos. Tienen prohibido comprar espectaculares, mantas, pintar bardas o contratar anuncios de radio o televisión. Podrán realizar encuentros en plazas públicas, pero sin utilizar templetes, vallas, equipos musicales ni bocinas. Podrán hacer difusión en sus cuentas personales en redes sociales y repartir volantes impresos en papel reciclable. Todo con dinero propio, porque no se les autoriza recibir aportaciones externas.

Mal comenzó el proceso legislativo de la reforma judicial, y por lo que se ve mal terminará su aplicación con una elección en la que la popularidad o la simpatía, que no la capacidad, experiencia ni conocimientos, determinará a los ganadores. Si eso convierte al país en el más democrático a nivel mundial, no creo que nadie nos envidie.

Abril 10 de 2025