La reforma al Infonavit, una nueva amenaza

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Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

Siempre es una gran tentación,

para un gobierno con problemas

presupuestales, tener un organismo

con más de dos billones de pesos.

El bombardeo legislativo parece no terminar. A unos días de que finalice este difícil año de 2024, desde Palacio Nacional se envió una nueva iniciativa de reforma. Esta vez se trata de modificar la ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), institución creada hace poco más de 52 años, durante el gobierno del presidente Luis Echeverría, con la que se buscó dar cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores.

Para su 50 aniversario, el Instituto había otorgado más de 12 millones de créditos para obtener y/o fortalecer las condiciones de la vivienda en México, según una publicación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex/28/06/2022). En dicho documento se afirma que la estructura tripartita ha resultado positiva para promover el diálogo y los equilibrios en la toma de decisiones entre los sectores laboral, empresarial y gubernamental, y que los esquemas de nombramiento y rotación de los representantes por sector “han ayudado en este proceso”.

Sin embargo, al gobierno de la 4T el tripartismo paritario, pilar fundamental del Instituto desde su creación, no le convence y, utilizando el mismo argumento de combate a la corrupción que ha aplicado para justificar la extinción de instituciones como los organismos autónomos, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la demolición del Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otros, ahora plantea reformar la ley del Infonavit. Habría que señalar, entre paréntesis, que la 4T ha quedado a deber las denuncias, investigaciones y sanciones de los casos de corrupción que, afirma con tanto énfasis, prevalecía en el pasado y que motivaron la devastación de las instituciones que mucho le incomodaban.

Por lo pronto, el director del Instituto, Octavio Romero, quien dejó en la bancarrota a Petróleos Mexicanos (Pemex), declaró que estas reformas permitirán un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes de los trabajadores.

Entre los cambios propuestos destacan los que acaban con el tripartismo paritario en órganos internos como la Comisión de Vigilancia, en la que el gobierno tendrá cinco miembros contra dos por parte de los trabajadores y dos de los empresarios; el Comité de Auditoría, en el que el gobierno tendrá tres representantes y los trabajadores y empresarios uno cada quien, y el Comité de Transparencia, en el que la representación de los sectores será la misma que en el caso del de Auditoría. Con esto, se acaba con la votación entre pares.

Otros cambios incluyen la reducción de 45 a 30 los integrantes de la Asamblea General y de 15 a 12 los miembros del Consejo; la eliminación de la participación de la Comisión Nacional Bancaria, cuyas funciones de vigilancia y supervisión asumirá la Secretaría de Hacienda. La designación del director general del Instituto, a cargo directamente por la persona titular del Ejecutivo, actualmente sólo hace la propuesta y la Asamblea la avala. Al director del organismo se le atribuyen nuevas facultades como vetar las resoluciones del Consejo de Administración o de la Comisión de Vigilancia cuando no haya unanimidad, y se le autoriza fungir como presidente de la Asamblea durante seis años continuos.

No hay duda de que la intención del gobierno es tener un control total sobre el Instituto. Siempre es una gran tentación para un gobierno con problemas presupuestales tener un organismo con una bolsa de más de dos billones de pesos, a la que, por el momento, no tiene acceso por limitaciones legales y por ser dinero de los trabajadores.

Así que, aprovechando la mayoría calificada en el Congreso, que dicen el pueblo les otorgó con su voto, están haciendo lo que quieren y/o lo que convenga a la 4T, aunque no necesariamente sea para bien del país.

Como la ley actual del Infonavit les estorba para sus planes, la reforman a modo y se acabó el problema.

Este caso repite el esquema de demolición de instituciones con el que la 4T ya ha impuesto un poco honroso récord en tiempo y capacidad de vandalismo político institucional.

Diciembre 26 de 2024