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Por Omar Garfias
@Omargarfias
La “normalidad” a la que ofrece regresar el gobierno del estado de Sinaloa no es de paz, ni de seguridad ni de tranquilidad.
Es una pax narca que será, como lo prueban los hechos, el preludio del siguiente "Culiacanazo".
En esa “normalidad” de 2023, el 99 por ciento de los homicidios dolosos quedaron impunes en Sinaloa.
Es una normalidad en la que pueden asesinar a quien quieran, no tienen límites. La cantidad será la que necesiten, muchos o pocos, según lo decidan, sin restricción de las fuerzas de seguridad.
En Yucatán el índice de impunidad para homicidios dolosos fue de 65 por ciento. 34 puntos menos que aquí.
El índice de impunidad es elaborado por la organización “México Evalúa”, con base en la información del Módulo de Evaluación y Seguimiento que administra la Secretaría de Gobernación, el Censo Nacional de Procuración e Impartición de Justicia Estatales del INEGI y de solicitudes de información pública a los gobiernos locales.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en 2023, año de “normalidad” en Sinaloa, fue de 20 mientras que la de Yucatán fue de dos, según información del INEGI. Allá la piensan más para asesinar a una persona, no es tan fácil como acá.
El estudio de “México Evalúa” reporta que 94 por ciento de los delitos del fuero común quedaron impunes en Sinaloa.
En Michoacán el índice de impunidad para delitos comunes fue de 76 por ciento, 18 puntos menos que aquí.
El índice de impunidad para el delito de desaparición en la normalidad sinaloense fue de 84 por ciento, mientras que en Querétaro fue de 33. Esto es, 51 puntos menos que aquí.
El índice de impunidad para secuestro en la normalidad sinaloense fue de 86 por ciento, mientras que en Querétaro fue de 39. Esto es, 47 puntos menos que aquí.
El índice de impunidad para violación en la normalidad sinaloense fue de 93 por ciento, mientras que en Baja California Sur fue de 47. Esto es, 46 puntos menos que aquí.
El índice de impunidad para violencia familiar en la normalidad sinaloense fue de 93 por ciento, mientras que en Querétaro fue de 56. Esto es, 37 puntos menos que aquí.
El índice de impunidad para abuso sexual en la normalidad sinaloense fue de 92 por ciento, mientras que en Yucatán fue de 73. Esto es, 19 puntos menos que aquí.
El índice de impunidad para despojo en la normalidad sinaloense fue de 94 por ciento, mientras que en Sonora fue de 48. Esto es, 46 puntos menos que aquí.
El índice de impunidad para casos de fraude en la normalidad sinaloense fue de 94 por ciento, mientras que en Chiapas fue de 39. Esto es, 55 puntos menos que aquí.
El índice de impunidad para narcomenudeo en la normalidad sinaloense fue de 81 por ciento, mientras que en Chiapas fue de 16. Esto es, 65 puntos menos que aquí.
En la normalidad del año 2023 fue más fácil asesinar, desaparecer, secuestrar, violar, agredir a las familias, abusar sexualmente, despojar, estafar o vender drogas en Sinaloa que en otros estados del país.
Fue fácil hacerlo, sin consecuencias, generalmente.
Otro hecho grave es que también somos el peor estado en cuanto a las carpetas de investigación que se inician con alguien detenido, lo cual sucede cuando existe un trabajo policial eficiente.
En Coahuila, el 40 por ciento de las carpetas se inician con un detenido; en nuestra entidad, sólo el 1 por ciento. El último lugar.
Respecto al porcentaje de delitos denunciados, ocupamos el antepenúltimo lugar. El 96 por ciento de los delitos que suceden aquí no se denuncia.
Los delitos que más suceden son: robo, violencia familiar, amenazas, daño en propiedad y lesiones.
Sinaloa es donde hay menos policías preventivos por habitante y tiene uno de los presupuestos más bajos de seguridad pública.
Es posible mejorar la seguridad pública en el estado. Otras entidades lo han hecho. “México Evalúa” reconoce éxitos.
Querétaro, con visión de largo plazo y su proceso de institucionalización, ha mostrado tendencias positivas en varios de los indicadores evaluados, entre ellos los relativos a la impunidad.
Coahuila, con la atención interinstitucional de la violencia de género, así como con sus políticas innovadoras de gestión judicial aplicadas a casos de narcomenudeo, han dado cuenta de cómo el sistema puede efectivamente operar de forma conjunta y ser responsivo a las demandas de la sociedad. Por su parte, Nuevo León es la primera entidad en institucionalizar una política de priorización de las víctimas.
En San Luis Potosí y Zacatecas se han establecido puentes de colaboración entre sociedad y autoridades para diseñar e implementar soluciones conjuntas. Ambos estados son un ejemplo claro de cómo la apertura institucional y la colaboración pueden contribuir a alinear las decisiones de los gobiernos con las verdaderas demandas sociales.
El problema principal en Sinaloa es que el gobierno del estado, en lugar de corregir lo que está mal, nos quiere convencer de que estamos bien.
Nunca vamos a tener paz, si el responsable de garantizar la seguridad pública, el gobierno, está dedicado a no cumplir su función, sino a convencernos de que esa “normalidad” es la meta y que ya estamos muy cerquita de lograrlo.
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