Por: Fernando Silva
El concepto de bien común, perfilado primigeniamente por la filosofía clásica griega y transmitida a modo de herencia al mundo como contenido concreto del sensato saber cultural sociopolítico, así como lo concerniente al bien privado y su fundamentación en relación a la ética y la moral, son tópicos que han estado presentes en la reflexión humanística hasta nuestra actualidad, por lo que el desarrollo del bienestar general sigue siendo un distintivo del conjunto de ideas cardinales que caracteriza al sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, ejerciéndola por medio de representantes legítimamente designados para la primordial, benéfica y justa convivencia que concibe o conforma un mejor entendimiento entre las personas. Sin embargo, tan favorable paradigma aún contiene una serie de limitaciones que impiden su emancipación directa en el contexto de las colectividades secularizadas —a modo de noción sociológica— a través del cual las doctrinas y las instituciones religiosas van perdiendo influencia social debido al desarrollo de la conciencia, la racionalidad, los derechos humanos, las ciencias y las tecnologías que escoltan la evolución de la humanidad al paralelo de la urbanización y la industrialización.
Evidentemente, parte de las injusticias e indecencias que amparan servidores públicos corruptos y delincuentes (personas físicas o morales) imposibilitan la reivindicación hacia una convivencia con justicia, seguridad y paz, tiene que ver con el mimético discursivo-procedimental de las oligarquías y sus inventivas regulatorias en provecho de intereses ajenos a la ética pública en el marco de sociedades democráticas y pluralistas, conjuntamente, con su prejuiciado escepticismo respecto al pensamiento humanista, agravado por su enfoque clasista-racista propiciado por improcedente soberbia, avaricia y desorbitada ira hacia quien no piensa como ellos. Causa fundamental, no siempre explícita, que constituye la prueba irrefutable de su talante, deseos, intenciones y voluntad de autoengaño para hacer creer a los demás que sus falacias son «justas» y «auténticas». Tan atroz «Ley de hierro de la oligarquía» es inmanente a todas las formas del manipulación por medio del cohecho, la corrupción, la amenaza, el asesinato y todo acto malhechor, consecuencia de su inhumana propensión por tenerlo y controlarlo todo. Lo que refleja que su torcida obsesión es patética e inopia al no saber que poderoso es aquel que es dueño de sí mismo y que procura día a día la gran cualidad de inducirse por las cosas honestas, bien habidas y de bien común.
Sobre el particular, el filósofo y escritor español Antonio Millán-Puelles consideró: «Que la modernamente denominada ‘justicia social’ coincide con la justicia general o legal, primera especie de la división tripartita clásica, que establece el orden de las partes al todo, a diferencia de la justicia distributiva, que lo hace del todo a las partes, y de la conmutativa, que dispone del orden de las partes entre sí.
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El bien común es el bien de la sociedad precisamente porque aprovecha y beneficia a todos y cada uno de los miembros de que ésta se compone. Por el contrario, lo que beneficia a un solo hombre, o a un grupo o conjunto de hombres que no son todos los que en la sociedad se integran, es meramente un bien particular, aún en el caso de que este bien sea lícito moralmente hablando».
Teniendo como magnánimo referente a Aristóteles, podemos puntualizar que la creación de la sociedad política —como una exigencia propia de la naturaleza humana— está en contraposición con un interés arbitrario que persiguen la cúpulas elitistas. En ese entendido, la política existe porque simplemente somos seres sociales, racionales y, primordialmente, libres, y las sociedades no son un elemental e incoherente conglomerado de personas, por el contrario, convivimos con una organización y cultura adaptada y aceptada en una disposición interna que obedece al propio carácter de la gente que se concentra en cada región del mundo. Así, podemos destacar la sociabilidad, racionalidad, autonomía, soberanía y, fundamentalmente, el libre albedrío. De hecho, estas nociones han sido los pilares en los que se ha propugnado la posibilidad de lo político. En concreto, es el principio que sostiene la esencial civilidad, misma que ha sido abrigada en el pensamiento filosófico desde la Grecia clásica hasta nuestros días; tal integración social permite avalar que la vida de cualquier ser humano —desde el que radica en la más lejana y agreste serranía hasta el que reside en cualquier metrópoli— no es posible sin una humanidad que directa o indirectamente testifique la importante presencia de sus semejantes, entendidos que la mayoría de las actividades humanas están condicionadas por el hecho de que mujeres y hombres coexistimos aliados o, por lo menos, unidos a alguien por el vínculo sanguíneo, de parentesco, de amistad o por efecto de comprensiva y empática cordialidad.
De esta manera lo cotidiano, como imagen especular de la historia, nos permite observar las actividades que caracterizan la reproducción sociocultural en cada nación, habilitando la expansión de los valores y los derechos universales hacia todo ser viviente, desde esta perspectiva, el núcleo familiar es la primera escuela hacia una vida digna o a una existencia deplorable. Por ejemplo, a partir del momento en que una mujer está en proceso de gestación, el embrión depende totalmente de ella; precisamente, se constituye como algo que precede a la sociedad misma y naturalmente la genera, no solamente porque aporta nuevos miembros, sino porque hace posible el fundamento de las relaciones que la constituyen. Ahí se genera la vocación relacional que la hace sujeto vivo de la sociedad, fuente del bien común o del mal colectivo, por ende, tal educación no surge de un planteamiento «estatalista», sino societario, lo que le atribuye prioridad a la sociedad civil respecto a los gobernantes; por ello, es vital promover la justa y moral ciudadanía a partir de la familia, lo que significa optar por deliberaciones que transiten en la dirección de una democracia fundada en la solidaridad, respeto, empatía, participación, legalidad, justicia, responsabilidad, autonomía y libertad de las personas como individuos en relación de los unos con los otros.
Por consiguiente, la inestabilidad sociocultural mundial pone en duda los justos principios de la subsistencia colectiva, ya que las amenazas que de manera planificada nos acechan como: los conflictos bélicos diseñados para despojar a las naciones de sus recursos económicos y naturales; el desarrollo de drogas sintéticas distribuidas por su principal intermediara «Narcotráfico, Inc.» para embrutecer y/o matar a vulnerables y enfermos consumidores; la hambruna, la pobreza y el terrorismo proyectado para instaurar la doctrina de la justicia exclusiva para las oligarquías y el miedo para quienes no pertenecen a ella; la instauración de un tipo de inteligencia artificial y robótica para despojar de sus empleos a buena parte de la población mundial y, con ello, evitar pagar sueldos, prestaciones, seguridad social, pensiones… y en consecuencia, implantar su perversa estrategia establecida en su mentado «Nuevo orden mundial». Aquí lo aterrador, es la ceguera y desubicación de buena parte de la gente, que paralizada por engañosos modelos capitalistas neoliberales, los convencen para que crean que algún día alcanzarán —si se esfuerzan toda su vida— algo de esa mal habida «calidad de vida», sin pensar que ese sistema político y económico fue instaurado y puesto en marcha por un minúsculo pero criminal grupo de familias multimillonarias que no sólo se asumen como los dueños del mundo, sino que quieren desaparecer al grueso de la humanidad para, por fin, tenerlo todo.
Estimado lector, con el imprescindible respeto que me merece, le invito a reflexionar y, si lo considera prudente, compartir con sus semejantes la idea de hacer del bien común una espléndida práctica, con la generosa intención de evitar tan infrahumano escenario mundial.
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