El problema del Infonavit crece sin remedio

Entre las cuatro paredes,

mi alma se enriquece,

un santuario bendito

donde mi esencia se forjó.

En cada rinconcito,

se encuentra

un amor inigualado.

Poema Mi dulce Hogar

Anónimo

El gobierno de México hace esfuerzos desesperados por justificar reformas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Dicen los políticos, analistas y algunos legisladores que la iniciativa -que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores- incluye la creación de una empresa constructora, por lo que asigna al Infonavit un nuevo papel.

Una propuesta para cumplir la promesa de campaña de construir un millón de viviendas con el dinero de los trabajadores. Políticamente suena bien, pero la experiencia nos dice que no es una buena idea, porque pone en riesgo los fondos de ahorro.

Se sabe de la corrupción oculta -de los gobiernos anteriores, incluyendo al de Claudia Sheinbaum-, que busca retirar el ahorro de millones de trabajadores con el pretexto de reinvertirlo, sin explicar los textos ocultos de la ley, que por supuesto los hay.

El asunto conlleva una mezcla de preocupaciones legítimas y contextos políticos complejos. Las reformas propuestas al Infonavit incluyen la posibilidad de que el Instituto se convierta en constructor y plantean elementos que la gente no debe pasar por alto.

El Infonavit ha sido históricamente un ente de financiamiento (para eso fue creado en 1972, durante el gobierno de Luis Echeverría) para que los trabajadores accedan a créditos hipotecarios y adquirir, construir o mejorar viviendas. Convertirlo en consructor 52 años después implica un cambio estructural significativo que podría generar incertidumbre en su operación y en la administración de los recursos de los trabajadores.

¿Habrá riesgos para los fondos de ahorro? Sin duda. Y la idea de utilizar los fondos de los trabajadores para cumplir con promesas de campaña, como la construcción masiva de viviendas, se percibe como una medida populista que pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema. Los recursos de los trabajadores deben ser manejados con la máxima transparencia y eficiencia, sin comprometer su futuro.

Claro que desde su nacimiento, el tema de corrupción siempre será un factor de preocupación, especialmente cuando se manejan grandes cantidades de recursos públicos o sociales. Eso lo hace atractivo para que el actual gobierno abra la posibilidad de hacerse constructor (sabemos que, a final de cuentas, serán los militares quienes construyan, y ya traen su sueldo a cuestas, así que se ahorrarán ese tema en Contraloría).

Si bien los gobiernos anteriores han sido señalados por prácticas corruptas, es esencial que el actual gobierno establezca medidas claras para evitar irregularidades y garantizar que las reformas sean en beneficio de los trabajadores.

En 2025, otro problema serio es la falta de claridad en las reformas. La ausencia de transparencia y de explicaciones detalladas sobre los cambios propuestos genera desconfianza. Los textos de las reformas deben ser públicos, claros y debatidos ampliamente, con la participación de expertos, legisladores y la sociedad civil.

Los analistas mencionan que aunque la intención de fortalecer el acceso a la vivienda puede ser positiva, el enfoque planteado debe ser evaluado cuidadosamente para evitar riesgos financieros, asegurar la transparencia y garantizar que las reformas realmente beneficien a los trabajadores. Una comunicación clara y abierta por parte del gobierno sería esencial para disipar las preocupaciones y generar confianza.

Aunque cumplir promesas de campaña (como construir un millón de viviendas) puede ser atractivo políticamente, es fundamental que las iniciativas sean viables y sostenibles en el largo plazo, sin comprometer los derechos y ahorros de los trabajadores.

Ahí está el detalle: no hay el nivel necesario, al menos en el Poder Legislativo.