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TEMAS CENTRALES
Por Miguel Tirado Rasso
Resulta que toda la retórica
contra la corrupción,
el supuesto combate a la corrupción
durante el sexenio de la 4T
no pasó de mera palabrería,
de simple propaganda política.
El gobierno anterior presumió mucho los buenos resultados en el combate a la corrupción. Un tema que habría de ayudar al candidato presidencial de Morena a alcanzar el triunfo electoral pues, entre sus principales promesas de campaña, aseguraba que acabaría con la corrupción. Una oferta bienvenida, oportuna y necesaria, ante el panorama de corrupción que dejaba el gobierno saliente.
Andrés Manuel López Obrador nunca dejó de hablar de su lucha contra la corrupción. Inclusive desde antes de tomar posesión del cargo, fue uno de sus argumentos para acabar con el proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco, aduciendo corrupción en las licitaciones y en la venta de terrenos aledaños a la obra.
También le sirvió para justificar, entre otros, las iniciativas de reformas constitucionales que implicaban la desaparición de los órganos autónomos y hasta la demolición del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al acusar a sus integrantes de ser “partícipes de la impunidad y corrupción que impera en México”.
Sobre estos señalamientos nunca se elaboraron carpetas de investigación ni se aplicaron sanciones a quienes se calificaba de corruptos, pues bastaba la condena presidencial desde el tribunal de las mañaneras para tener por válidas las imputaciones. Se trataba de achacar a la corrupción todo lo que no le gustaba al titular del Ejecutivo, incluyendo las críticas a sus políticas de gobierno. Quienes nos critican, decía, son nuestros enemigos, que quieren que vuelva la corrupción.
Orgulloso, en varias ocasiones López Obrador sacó un pañuelo blanco afirmando que se había acabado la corrupción en altos funcionarios, “porque el Presidente no es corrupto y no tolera la corrupción”, afirmaba. En sus monólogos matutinos, solía decir que estaba haciendo una limpia de arriba para abajo, “como se barren las escaleras”.
Pero resulta que toda esa retórica contra la corrupción, ese supuesto combate a la corrupción durante el sexenio de la 4T no pasó de ser mera palabrería, simple propaganda política. Un gran engaño, porque ni se limpió la corrupción de arriba para abajo ni el pañuelito blanco significó el fin de la corrupción.
La semana pasada, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente a 2024. El estudio registra la opinión de especialistas, personas de la academia, empresas de consultoría, analistas de riesgo financiero, datos del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial, entre otros, para evaluar la corrupción en el sector público de 180 países. La escala de medición va de cero (la peor calificación, máxima corrupción) a 100 (la mejor, menos corrupción).
De acuerdo a este registro, México obtuvo su peor evaluación desde que se hace la medición, en 1995, con 26 de 100 puntos posibles. Esto ubica a nuestro país en el último lugar de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y en la penúltima posición del G20, sólo por arriba de Rusia.
Desde 2020, México había permanecido estancado en el lugar 31, pero en 2024 cayó cinco posiciones. Según Transparencia Mexicana, los resultados confirman el mandato de la sociedad mexicana: el gobierno debe enfrentar con mayor eficacia la corrupción en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 83 por ciento de las personas consideraron, en 2023, que la corrupción en México sigue siendo un problema frecuente o muy frecuente.
Claro está que en Palacio Nacional tienen otros datos y continúan en la negación de lo evidente. Se insiste, sin mayores elementos, que en la administración pasada se erradicó la corrupción, y por todos los medios posibles no sólo se protege a los funcionarios de Morena sobre quienes pesan acusaciones de malos manejos, sino se les premia con nuevos cargos en el gobierno.
Mientras durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto se enjuició a 12 gobernadores, en la 4T y su segundo piso, no obstante las múltiples denuncias, ni un solo ex gobernador o gobernador en ejercicio ha sido siquiera cuestionado. Y ni hablar que habría varios cuyo desempeño merecería una investigación, por lo menos.
En 2023, el entonces presidente López Obrador descalificó a Transparencia Internacional cuando ésta señaló que no se veían avances en la aplicación de sanciones en casos de corrupción, tachándola de carecer de calidad moral. Ahora, en la misma línea, no se da credibilidad al informe del IPC de 2024.
Pero ahí están los otros datos: México ocupa el lugar 140 de 180 países evaluados, al mismo nivel que Uganda, Nigeria, Camerún, Iraq y Madagascar.
Febrero 20 de 2025