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En política, lo que parece, es.
Jesús Silva Herzog
Los congresos de todo el mundo ganan tiempo en el desahogo de iniciativas y puntos de acuerdo, según sea la estrategia política e incluso electoral para desviar la atención de la gente en torno de la forma de legislar.
México no escapa a ello. Todo lo que los partidos de oposición quieran tratar se quedará en la congeladora legislativa mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum considere que así deba ser. Los poderes Legislativo y Judicial quedaron al servicio de un sólo sentir por parte del Ejecutivo. Sin embargo, la historia mexicana reciente hace ver que así se vivió, por lo menos, todo el siglo pasado.
El sistema actual parece inclinado hacia el Ejecutivo.
La situación descrita en la que los poderes Legislativo y Judicial se alinean predominantemente con el Ejecutivo presenta desafíos para una democracia saludable y funcional. Cuando el sistema de pesos y contrapesos no está equilibrado, como en el caso de una “congeladora legislativa” para iniciativas de la oposición, puede interpretarse como un retroceso en la democratización de un país.
En una democracia ideal, la función de cada poder es mantener un equilibrio y permitir el debate plural y la representación diversa. En México, el pasado autoritario del siglo XX bajo un sistema de partido hegemónico generó una concentración de poder que limitaba la verdadera representatividad y pluralidad; un modelo que, aunque efectivo en términos de estabilidad, marginaba a las voces contrarias y debilitaba el debate.
Aunque en el año 2000 se logró un cambio histórico en la Presidencia, con la alternancia de partidos y el fortalecimiento de algunos mecanismos de participación ciudadana, el riesgo de regresar a ese modelo hegemónico es real si se limita el papel de la oposición.
La congeladora legislativa seguirá como estrategia política, utilizada para evitar que prosperen propuestas ajenas a la mayoría gobernante. Sin embargo, esto puede debilitar la confianza en las instituciones y propiciar que los ciudadanos perciban un sistema más cerrado y poco incluyente.
Si el Poder Ejecutivo —bajo el plan de Morena— ejerce una influencia tan significativa que prácticamente condiciona las agendas de los otros poderes, afecta la legitimidad de las decisiones.
Entonces, de mantener esa tendencia o de profundizarse, podría considerarse un retroceso democrático, pues representa una erosión en el sistema mexicano de pesos y contrapesos.
La reversión de esta dinámica no es imposible, aunque sí compleja. A lo lejos del abrumador panorama, parecen existir algunas vías que podrían contrarrestar la falta de equilibrio en el ejercicio del Poder Legislativo (plan primordial de Morena para enquistarse en el poder):
Cuando la ciudadanía está informada y organizada tiene el poder de exigir transparencia y trabajo efectivo en las decisiones del Congreso. Se permitiría ver claramente cómo y por qué se deciden los asuntos en las Cámaras; se podrían limitar las posibilidades de estrategias opacas.
Los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y colectivos sociales influyen en el debate público y generan presión para que el Legislativo funcione de forma más abierta y autónoma. Si son persistentes, es más difícil ignorarlos o minimizar sus reclamos.
De ahí el plan de apresarlos en la falta de credibilidad.
La utopía serían los cambios en el sistema de elecciones legislativas hacia un Congreso más representativo y menos dominado por un sólo partido. Otro punto sería fortalecer la educación cívica y política en la sociedad.
Implementarlas dependería de las condiciones políticas, y éstas sólo se concretan cuando la presión es constante y se comparte el interés por el cambio. Mientras las estructuras de poder permanezcan cerradas y centralizadas, existe el riesgo de que la democracia siga siendo un concepto formal no sustancial.
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