.png)
Por Omar Garfias
@Omargarfias
El 90.6 por ciento de la población de Culiacán tiene miedo.
Es información oficial, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un organismo de gobierno cuya presidente fue designada por el ex presidente López Obrador. No son “otros datos” de un complot político.
Son las cifras más graves, más elevadas desde 2013, cuando el INEGI comenzó a medir la percepción de inseguridad de los ciudadanos por ciudad. Son resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, aplicada en diciembre pasado. No son tanteos, son producto de metodologías robustas.
Al inicio de la administración del Dr. Rubén Rocha Moya, la percepción de inseguridad en Culiacán era de 61.9. Aumentó 28.7 puntos porcentuales en este periodo. Comparativamente, antes de este gobierno estábamos 2.5 puntos por debajo del promedio nacional y, tres años después, estamos 28.9 puntos arriba.
Esta sociedad herida, atemorizada, necesita un diálogo público con el gobernador del estado.
Tras más de cuatro meses de asesinatos, robos, balaceras y desapariciones, la sociedad de Culiacán demanda que la autoridad le explique, directamente, lo que sucede y cómo y cuándo lo va a resolver.
El diálogo público es el ejercicio más democrático de rendición de cuentas.
De frente, el gobernante explica sus políticas, escucha a los ciudadanos y se establecen acuerdos.
Es la forma imprescindible para reconstruir el pacto social roto en Culiacán.
Ningún gobierno deber negarse a sostener un diálogo público con el pueblo, mucho menos si se dice humanista y con sentido social.
Esa fue una de las demandas de la marcha de niños y padres de familia del jueves 23 de enero.
La marcha exigía que saliera el gobernador a dialogar públicamente sobre el problema que vivimos todos los "culichis".
La cerrazón y la pretensión gubernamental de que sólo se dé una plática cerrada con un par de personas para tratar exclusivamente detalles particulares provocó la desesperanza y los incidentes.
Para los sinaloenses ha sido muy desesperanzador vivir más de 800 asesinatos, miles de robos de vehículos, más de mil levantones, escenas de barbarie como cuerpos desmembrados, incendios, la muerte de niños, y escuchar que el gobernador proclama que aquí se vive “perfectamente bien”.
Para los sinaloenses ha sido muy desesperanzador que la mayoría de los diputados, sus representantes, han optado por sumarse al discurso que minimiza el problema y es complaciente con las acciones que no han funcionado.
En 2021 hubo 603 asesinatos y la diputada morenista Graciela Domínguez sostuvo que había “luto y dolor en Sinaloa”. Entró el gobierno de Morena y en 2024 asesinaron a 994 personas, pero la diputada ya no condenó nada.
El 29 de octubre pasado, la diputada Yeraldine Bonilla festinaba: “En Culiacán la normalidad está regresando nuevamente, la gente ya está recuperando nuevamente la seguridad”. Tres meses después, la catastrófica realidad que vivimos echó abajo esa mentira.
El Congreso estatal y la diputación federal sinaloense han sido ineficientes para procesar la demanda social despertada por la crisis de inseguridad. Han pretendido imponer un discurso, en lugar de escuchar y construir soluciones.
Desde el primer día han vertido elogios y alabanzas desmesuradas a acciones y funcionarios que no han dado resultado, en lugar de evaluar con profundidad para mejorar la política pública de seguridad.
Es un Congreso como en el pasado: una caja de resonancia del gobierno... es la vieja política.
Que esos mecanismos de representación fallaran es la razón por la que debe implementarse el diálogo público.
El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública lo expresó: “Al Gobierno del estado le ha faltado tender puentes con la sociedad civil para escucharla y, en conjunto, buscar soluciones a la crisis de inseguridad y que cada quien asuma su responsabilidad”.
“Las autoridades se han reunido con diversos sectores, pero no es suficiente. La coordinación general del CESP tiene comunicación, más o menos frecuente, con las autoridades, pero es deseable que sea más frecuente para hacer planteamientos, ya que otros órganos de la sociedad civil sólo son espectadores porque no hay un esquema para que sean escuchados. Hay sectores como padres de familia o centros escolares que se han visto afectados y pueden aportar, pero simplemente son espectadores porque no se sientan con el tomador de decisiones gubernamentales”.
El diálogo público es una secuencia de reuniones de intercambio abierto, sin restricciones y con participaciones libres. No es diálogo público realizar un sólo evento con oradores designados.
El diálogo público reconstruye los necesarios vínculos entre gobierno y sociedad.
El 18 de julio de 2021, el Dr. Rubén Rocha Moya prometió “pacificar Sinaloa y quitarle el estigma del narcotráfico”. Lo hizo como gobernador electo en declaraciones al periódico La Jornada.
No ha funcionado gobernar prestando oídos sólo al elogio incondicional y al aplauso interesado. Es fundamental atender la diversidad y la pluralidad de la sociedad sinaloense.
El abucheo que recibió el gobernador en la ceremonia del maratón de Culiacán fue una llamada de atención que alertaba que hay inconformidad en la sociedad, y que los eventos controlados con participantes adiestrados no resuelven los problemas.
No van a encontrar las soluciones sin escuchar a la sociedad, explicar sus razones y organizar una acción pública unificada de Sinaloa.
Han faltado oídos y sobrado bocas que insultan. Dejar de hablar con el espejo.
Diálogo público fue una demanda del movimiento estudiantil de 1968, esperemos que el Gobierno del estado no responda como Gustavo Díaz Ordaz.
Comments