Democratizar la justicia, no controlarla

El aire se ha transformado

en muro de cemento.

Antes de que suceda,

he salido a mirar los aviones

y a viajar en tus ojos.

Poema XIV

Vicente Quirarte

En el arranque de las campañas para la elección judicial del próximo 1 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que ningún servidor público, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, puede promover la participación ciudadana para estos comicios. La decisión busca evitar que el aparato del Estado intervenga en un proceso que, paradójicamente, pretende presentarse como un ejercicio de “democratización del Poder Judicial”.

¿Qué persiguen los líderes del partido en el poder y sus alfiles -muchos de poca monta, incrustados en el Poder Legislativo- en torno del férreo control del proceso electoral del próximo 1 de junio?

Durante una gira por Sonora, la presidenta decidió pronunciarse sobre el tema, en aparente desacato a lo establecido por el INE. El gesto no es menor: revela el verdadero pulso político detrás de la reforma judicial promovida por el actual gobierno.

No se trata únicamente de abrir el sistema judicial a la voluntad popular —algo en teoría deseable— sino asegurarse de que quien encabece el Ejecutivo también tenga el poder de moldear al Poder Judicial a su imagen y semejanza.

¿Qué tipo de democracia es aquella donde los contrapesos se diluyen y el poder se concentra cada vez más en una sola figura? ¿Acaso elegir jueces mediante voto directo garantiza justicia? ¿O simplemente allana el camino para que las decisiones judiciales se alineen con los intereses del poder en turno?

Tal vez, y sólo tal vez, para algunos analistas la estrategia de descalificar desde ahora la elección sirva para desalentar que la gente acuda a las urnas y demostrar que todo el tiempo fue una farsa bien orquestada.

Si ponemos los pies en la tierra ¿quién, en su sano juicio, estará dispuesto a desperdiciar mediodía del domingo en hacer fila para, luego, durante media hora como mínimo, llenar el listado de seis boletas distintas, con nombres, números y otras trampas visuales que den la razón al gobierno morenista?

El riesgo es real: convertir al Poder Judicial en una prolongación del Ejecutivo no es una reforma, es una regresión. Es disfrazar con las urnas lo que en el fondo es una captura institucional. El país puede terminar con magistrados electos por su lealtad, no por su capacidad. Una justicia sin independencia es el preludio de un autoritarismo legitimado en las urnas.

La democracia no se construye por anular las diferencias entre los poderes, sino al garantizar su coexistencia crítica.

Al menos en el plano idealista, y en el mundo moderno casi como cuento de hadas, la justicia no debe obedecer al gobernante en turno, sino a la ley y a los principios que sostienen el Estado de Derecho.

Pero bueno, ya el clásico lo sentenció hace algunos años cuando demostró que las instituciones sirven para maldita la cosa: No me vengan ahora con que la Ley es la Ley.

Sus lacayos le aplaudieron y aún lo defienden por encima de todo, hasta de sus propios principios y convicciones personales.

Veremos -a su tiempo, pero lo veremos- que este personaje engañó al pueblo y la historia lo colocará en el lugar que se merece. Por ahora, puede seguir en un altar, embobando incautos y viviendo de lo que tanto atacó.

Sus otros datos dictan el discurso de los demás, hasta que la científica preparada y comprometida con México lo decida. Ella sabe perfectamente que seguir con el juego puede tener consecuencias muy negativas al enviar al fondo del baúl de las verdaderas necesidades nacionales, intereses y motivaciones de vida de los mexicanos de bien.