Deforestación y degradación ambiental en 84% de México

La deforestación en México ha ido en aumento, con un promedio neto anual de 127 mil 800 hectáreas entre 2015 y 2020. La deforestación ha acentuado las sequías y, junto con otros factores del cambio climático, esto se traduce en escasez de agua para el consumo humano, la industria y la agricultura.

Así lo revela la nota Resiliencia ante el cambio climático: Avances en adaptación y acciones para prevenir la deforestación en estados mexicanos, presentada por CDP Latin America y la Comunidad Climática Mexicana (CCM), resultado de una encuesta realizada en 26 estados —que concentran al 77.4 por ciento de la población del país— sobre sus acciones y políticas ambientales y climáticas.

Durante el evento en línea Un reconocimiento a la transparencia: impulsando la acción climática estatal a través del reporte y la transparencia en México realizado por el CDP Latin America y la Comunidad Climática Mexicana (CCM), se reveló que 21 estados afirmaron que la deforestación es un problema para su territorio y reconocieron como principales detonadores a los incendios forestales, el cambio de uso de suelo para ganado, la tala ilegal y la agricultura a pequeña y gran escala, lo que ha derivado en una afectación de 84 por ciento del territorio nacional.

El informe detalla que ante la situación de deforestación actual, los estados han desarrollado diversas medidas, como mejorar el desarrollo rural sustentable; aumentar la resiliencia de negocios y de personas al estimular cadenas de suministro sostenibles; conservar la biodiversidad y mantener la calidad de los suelos y del agua.

Asimismo, entre las principales fuentes financieras para la implementación de los programas de REDD+ jurisdiccional en los estados mexicanos, se identificaron acuerdos bilaterales con el Green Climate Fund (GCF), el programa UN-REDD+, y mecanismos voluntarios del mercado de carbono.

El documento recomienda acelerar las acciones para reforestar bosques, restaurar ecosistemas dañados y desarrollar soluciones de conservación, lo cual es un reto para los estados, pero también una oportunidad para unir esfuerzos entre los gobiernos subnacionales y los actores de la sociedad civil, la academia, las empresas y el sector financiero.

El documento muestra que si ciertos territorios de México enfrentaran sequía severa, extrema o excepcional durante un mes, las pérdidas anuales del PIB podrían ser de entre tres y cuatro mil millones de dólares en el sector de manufactura y de hasta 1.6 mil millones de dólares para el sector agrícola.

Entre los avances, destaca que 13 estados tienen un plan de acción climática integrado que aborda tanto las estrategias de adaptación y de mitigación como la reducción de riesgos derivados de la crisis climática. Las cinco entidades con mayor número de acciones de adaptación reportadas en 2022 fueron Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Yucatán y Colima.

En el evento se reconocieron las contribuciones de 26 estados a la mitigación y adaptación climática, con lo cual se busca impulsar una mayor integración y acceso a los procesos internacionales sobre el clima a través de la divulgación de sus acciones y políticas climáticas.

Rebeca Lima, directora del CDP Latin America, aseguró que la divulgación de datos es relevante y se potencia cuando se traducen en productos y materiales, pues se visibilizan no sólo los impactos del cambio climático en los estados mexicanos, sino también las acciones implementadas para hacerles frente.

“Es necesario tomar acción para lograr una economía próspera que funcione para las personas y el planeta a largo plazo, y a través de esfuerzos colaborativos entre múltiples actores se pueden lograr estos objetivos”, afirmó.

Angélica Vesga, directora interina para WRI México y Colombia, aseguró que contar con información clara sobre las acciones realizadas y pendientes es fundamental para cerrar las brechas entre las necesidades locales y las ofertas de apoyo por organizaciones nacionales e internacionales.

“Tener información sobre las acciones de mitigación, de adaptación y de los medios de implementación de 26 de las 32 entidades federativas es un logro importante para identificar las oportunidades de colaboración con otras organizaciones y focalizar esfuerzos”, dijo.

María Isabel Ortiz, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) de Guanajuato y presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales (ANAAE), señaló que para impulsar avances climáticos de forma eficaz, los gobiernos subnacionales y los actores de la sociedad civil deben trabajar juntos, comprometidos a actuar de manera transparente y colaborativa.

“En el Gobierno de Guanajuato asumimos responsabilidad en el combate al cambio climático, pero necesitamos del apoyo de la sociedad civil y de todos los sectores para cumplir las metas de reducción de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático,” afirmó.

Jorge Villarreal, director de Política Climática de Iniciativa Climática de México, afirmó que los avances tecnológicos son importantes, pero insuficientes; necesitamos cambios en la sociedad.

“La transformación social, acompañada del desarrollo, sólo se puede dar de forma colaborativa [para crear] sinergias. La sociedad civil organizada puede apoyar la maquinaria que detone los cambios que indica la ciencia”, subrayó.

Participaron también Camila Fernández, líder del Relacionamiento en América Latina en The High-Level Climate Champions Team; Miriam García, directora asociada de Relacionamiento Político de CDP Latin America, y Saúl Pereyra, gerente de Acción Climática en WRI México.

En las conclusiones del evento se destacó que aunque existe un avance importante desde el nivel subnacional en materia climática, falta mucho por hacer. En este sentido, la coordinación y trabajo en conjunto con distintos actores puede catalizar la acción climática necesaria, como la colaboración de la Comunidad Climática Mexicana (CCM) y la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales (ANAAE) en México.