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Por Omar Garfias
@Omargarfias
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) invierte en azafatas y aviones para su línea aérea comercial, que pierde dinero, mientras la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no tiene para comprar cámaras de vigilancia para los reclusorios.
Los recursos destinados por el gobierno federal a las fuerzas armadas federales subieron, mientras los que dedica a las policías estatales y municipales disminuyeron.
La ausencia de gobiernos locales fuertes ha sido una de las razones de la expansión territorial del crimen organizado.
En 2015 el gasto del gobierno federal en seguridad pública fue de 398 mil millones de pesos. En 2024 fue de 380 mil millones.
El presidente López Obrador no invirtió más que antes en seguridad pública.
En 2014, la parte de ese gasto que se envió a los estados y municipios fue del 12 por ciento, mientras que en 2024 bajó al 9 por ciento.
En 2014, las dependencias locales de seguridad recibieron 44 mil millones de pesos y en 2024 recibieron 33 mil millones, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Menos porcentaje de un presupuesto menor.
López Obrador consolidó un modelo centralizador en la política de seguridad, que ha implicado la desatención presupuestal de los gobiernos locales. La Presidencia tiene en su poder las decisiones y el dinero.
Aparte son los presupuestos de obras que ejercieron SEDENA y SEMAR.
La organización “Causa Común” reporta que del 1 de diciembre de 2018 al 1 de agosto de 2024 se registraron, en todo el país, al menos 413 movilizaciones de policías exigiendo mejoras en sus condiciones de trabajo y equipamiento. 183 paros, 165 manifestaciones y 65 emplazamientos a paro.
Del 1 de diciembre de 2018 al 1 de agosto de 2024 han sido asesinados, al menos, 2 mil 267 policías estatales y municipales.
El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024 presenta un panorama de desprotección y vulnerabilidad para quienes viven en Sinaloa.
En Sinaloa no hay suficiente personal para prevenir que se cometan delitos contra los ciudadanos y sus familias ni para mantener el orden público de ciudades y comunidades.
Por la tasa de elementos de la policía preventiva de las instituciones de seguridad pública estatales por cada mil habitantes, en 2023 ocupamos el antepenúltimo lugar.
En Tamaulipas hay 1.2 policías por cada mil habitantes; en Nayarit, 1.3; en Campeche, 1.5; en Tabasco, 1.5. En Sinaloa, 0.3.
Por el número total de personal adscrito a las instituciones estatales de seguridad pública, también estamos en los últimos lugares.
Sonora y San Luis Potosí tienen un número de habitantes ligeramente menor al nuestro, y sus instituciones de seguridad tienen 2 mil 744 y 3 mil 541 personas laborando, respectivamente. En Sinaloa sólo 1 mil 548.
Yucatán tiene 600 mil habitantes menos que Sinaloa y su ubicación geográfica no incentiva el tráfico de drogas. Hay condiciones menos difíciles. Las corporaciones policiacas yucatecas tienen 2 mil 257 elementos dedicados a la función de reacción inmediata, mientras que en Sinaloa sólo hay 204. En Yucatán, 492 de sus policías locales están dedicados a la investigación policiaca que evita que sucedan los delitos, mientras en Sinaloa, ninguno.
Los ciudadanos de Yucatán gozan de paz y seguridad.
Los recursos presupuestales ejercidos en 2023 por las instituciones estatales de seguridad pública de Yucatán fueron de 3 mil 634 millones de pesos; en Sonora, 3 mil 171 millones. En Sinaloa, 936 millones.
INEGI dice descarnadamente que en Sinaloa las policías locales no pueden evitar cabalmente que se agreda, se amenace, se dañe, se robe, se asesine o lo que sea. Lo que sea.
El modelo político morenista de concentración del poder en el gobierno federal no constituye un esquema de colaboración efectivo para el combate a la delincuencia organizada.
El progresivo avance del crimen organizado en el control territorial de vastas regiones del país es consecuencia del debilitamiento de las autoridades estatales y municipales.
La ocupación del territorio, mediante el cobro de piso, la instalación de casas, el control de las autoridades inmediatas, el surgimiento de conflictos internos, las decisiones estratégicas, es algo que sólo se detecta y diagnostica con trabajo de investigación policial.
Un convoy de vehículos militares no se percata de ello.
No hay casos exitosos de seguridad pública en el mundo que no tengan a las policías municipales y estatales como base.
La buena investigación policiaca sirve para prevenir los delitos y para aportar pruebas para juzgar a los presuntos delincuentes.
Los militares y las policías deben combinarse.
Con base en la investigación policiaca, el Ejército debe enfrentar a la delincuencia que cuenta con armamento mayor, cuando ya se trata de combatir.
Las policías civiles y el ejército no son piezas sustituibles; son piezas complementarias.
Las policías débiles son más fáciles de cooptar.
Si tenemos malas policías el problema no se arregla sacando al ejército para hacer una función que no sabe hacer.
En esta crisis, las fuerzas militares federales vendrán, harán algo y luego se irán.
Nosotros nos quedaremos aquí, muy desprotegidos.
Sin quien prevenga el delito ni mantenga el orden público, como se debe.
Con el territorio ocupado.
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