Aumentaron los asesinatos de defensores del medio ambiente

El 2024 fue un año muy violento para las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, al registrarse 236 agresiones específicas y 25 asesinatos, de acuerdo con el XI Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA).

El documento da cuenta de que en 2024 se registraron 94 eventos de agresión, con 236 agresiones específicas en contra de defensores del medio ambiente. Es importante señalar que, para efectos metodológicos, en un mismo evento de agresión se pueden cometer varias agresiones específicas.

Asimismo menciona que ese año se documentaron 21 homicidios y 4 ejecuciones extrajudiciales, por lo que el total de agresiones letales para ese año fue de 25, cifra que se coloca como la segunda más alta de los últimos 10 años.

En la última década, CEMDA documentó 189 agresiones letales contra defensores del medio ambiente, la tierra y el territorio, datos similares a los reportados por organizaciones internacionales, como Global Witness, lo cual coloca a México en el cuarto lugar mundial en asesinatos de personas defensoras del medio ambiente.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que 138 personas defensoras de derechos humanos y periodistas fueron víctimas de asesinato en el país, entre 2019 y 2023.

Destaca que quienes más agresiones sufrieron en 2024 pertenecen a comunidades indígenas o campesinas. Respecto de los sectores más letales para la defensa del medio ambiente y el territorio en ese año, se menciona a la minería (11 víctimas), el forestal (5) y el agropecuario (3).

Documenta que, nuevamente, el principal agente agresor fue el Estado, al participar en 62 de 94 eventos de agresión (65.9 por ciento), porcentaje que se incrementó significativamente, si se  considera que en 2023 fue de 49,5 por ciento. Resalta el incremento en el número de agresiones en que participan empresas privadas y grupos de la delincuencia organizada, con 25 y 17 eventos de agresión, respectivamente.

De las víctimas contabilizadas en el informe, 91 son del sexo masculino y 55 del femenino. En cuanto al resto de víctimas, no fue posible determinar el sexo por falta de disponibilidad de información personal de la víctima en las fuentes consultadas.

Entre los tipos de agresión específicos documentados durante 2024 hay: intimidación (27), hostigamiento (23), homicidio (21), estigmatización (20), criminalización (20) y difamación (19). Muchos casos se relacionan con la represión al ejercicio del derecho a la protesta en asuntos ambientales.

Respecto a las agresiones graves cometidas contra defensores del medio ambiente y el territorio, durante 2024 se documentaron cuatro casos de desaparición.

En cuanto a las agresiones por entidad federativa, destacan Oaxaca (15), Chiapas (9), Michoacán (9), Puebla (9) y Veracruz (8). En estos cinco estados sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión documentados (53.1 por ciento). En esos mismos estados se documentaron 127 de 236 agresiones específicas documentadas (53.8 por ciento).

Otros estados con un alto número de agresiones fueron Quintana Roo (7), Ciudad de México (7), Sonora (5) y Baja California Sur (5). Llama la atención el caso de Baja California Sur, pues en la última década sólo se habían contabilizado seis, mientras en 12 meses casi se alcanzó esa cifra.

CEMDA precisa que el hecho de que algunas entidades federativas no muestren registros de agresiones no implica que las personas y comunidades defensoras estén exentas de situaciones de riesgo, ya que algunas razones pueden deberse a la falta de visibilización de la labor de defensa de derechos humanos; a que se documentan como casos de delincuencia común; a información pública no verificada o al impedimento de las víctimas, directas o indirectas, de compartir su información por motivos de seguridad, entre otras. Por eso el Informe no es limitativo respecto de la cantidad de agresiones documentadas.

Destacan varios megaproyectos asociados con el número de agresiones, como las granjas porcícolas (10); edificaciones habitacionales, de servicios y comerciales (10); la tala forestal ilegal (11); proyectos mineros como La Revancha y Natividad (6), el Tren Maya (4), el relleno sanitario en Paso de Ovejas y en Cholula (4) y la pesca ilegal (3).

Gustavo Alanís, director del CEMDA, señaló que se “hace nuevamente un llamado respetuoso a las autoridades del Estado mexicano, comenzando por la presidenta Claudia Sheinbaum, a garantizar recursos financieros, materiales y humanos suficientes que el Mecanismo para la protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación funcione apropiadamente y se garantice un entorno seguro para quienes protegen el patrimonio natural de México, cumpliendo así con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), del cual México es signatario”.

El CEMDA reconoce la labor de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales y del territorio; enfatiza la resistencia que, desde la esperanza y la dignidad, han demostrado para continuar la defensa de sus derechos y sus territorios biodiversos, aún en un contexto tan adverso.

Finalmente, hace un llamado a todas las autoridades relacionadas con los asuntos ambientales a instrumentar una política con enfoque preventivo, así como la atención de los riesgos que enfrentan quienes defienden el medio ambiente en México.